Por Macarena Marina
Actualmente Argentina está asistiendo al fenómeno de la monopolización de los medios de comunicación, lo cual significa que los medios están concentrados en manos de unos pocos. Se trata de conglomerados de empresas de diversa índole encargadas de imponer los temas que influyen en la agenda pública, perjudicando de este modo la pluralidad informativa tan anhelada en cualquier régimen político democrático moderno.
Hoy por hoy, sigue vigente la Ley Nacional de Radiodifusión N° 22285 sancionada por el gobierno de facto del general Videla en el año 1980, pero con las “modificaciones” que –decretos de necesidad y urgencia mediante- el presidente Menem realizó durante su primer mandato.
A partir de la reforma de los artículos 43,45 y 46 de la Ley de Radiodifusión se permitió no solamente que empresas extranjeras invirtieran en medios de comunicación argentinos, sino también una expansión mediática vertical en la cual los dueños de los medios gráficos pueden acceder a la adquisición de señales radiofónicas y que empresas de diversas áreas pertenezcan a un mismo grupo o multimedio.
De esta manera no es difícil imaginarse el poder que acarrean estos grandes medios. Tampoco es difícil llegar a la conclusión de que tamaños grupos económicos encargados de manejar los medios de comunicación masiva, y por ende la información que éstos difunden, tienen un gran poder para influenciar política y socialmente a quienes consumen sus productos.
El discurso imperante sostenía que la “privatización de los medios garantizaría la pluralidad informativa y la libertad de expresión”. Esta postura no sonaba tan descabellada en tanto que privatizar los medios implicaba que los mismos ya no estén a cargo del Estado sino del sector privado. Ahora bien, jamás se podría hablar de pluralidad cuando se permite a una persona o grupo ser titular de hasta 24 licencias de servicios abiertos. Es decir, que esta modificación sólo conllevó el paso de un oligopolio en manos del Estado a un oligopolio en manos privadas.
Es posible conjeturar entonces, que con estas medidas se perseguía el decrecimiento de la pluralidad informativa, lo que implica consecuentemente desconocimiento, desinformación y menor posibilidad de elección. No parece ser más que una mera táctica mediante la cual comercializar contenidos culturales e ideológicos, durante un período que posteriormente se daría a conocer como uno de los más corruptos de la historia argentina.
En los últimos meses la polémica ha girado en torno al Proyecto de Ley presentado por el oficialismo, el cual presenta puntos muy importantes que podrían llegar a derribar a los “Goliat” de la información. Sin embargo, hay quienes no comparten la idea de reformar la ley vigente. Quizá esta postura también esté íntimamente ligada a la mirada impuesta por los multimedios -que resultarían perjudicados por la misma- a la opinión pública.
Entre las medidas más destacables de este proyecto se halla la prohibición de la formación de oligopolios y monopolios, promoviendo el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual; la promoción de la polifonía de informaciones y opiniones; la posibilidad de acceder solamente a 10 licencias de servicios abiertos; el desarrollo de un régimen de transparencia de titularidad de propiedad de las licencias; la adopción de medidas para la desconcentración de la explotación monopólica de derechos de exhibición; y la restricción de la propiedad conjunta de licencias de TV y empresas productoras de señales de contenido.
En resumen, se puede afirmar que la concentración de los medios de comunicación masiva en unas pocas manos conformadas por numerosas empresas de diversa índole atenta contra la pluralidad informativa, interviniendo en la construcción de agendas políticas y sociales e influyendo en la opinión publica a través de la desinformación y de la escasez de oferta informativa. Es por este motivo que resulta menester realizar una reforma en la legislación concerniente a la radiodifusión argentina.
Actualmente Argentina está asistiendo al fenómeno de la monopolización de los medios de comunicación, lo cual significa que los medios están concentrados en manos de unos pocos. Se trata de conglomerados de empresas de diversa índole encargadas de imponer los temas que influyen en la agenda pública, perjudicando de este modo la pluralidad informativa tan anhelada en cualquier régimen político democrático moderno.
Hoy por hoy, sigue vigente la Ley Nacional de Radiodifusión N° 22285 sancionada por el gobierno de facto del general Videla en el año 1980, pero con las “modificaciones” que –decretos de necesidad y urgencia mediante- el presidente Menem realizó durante su primer mandato.
A partir de la reforma de los artículos 43,45 y 46 de la Ley de Radiodifusión se permitió no solamente que empresas extranjeras invirtieran en medios de comunicación argentinos, sino también una expansión mediática vertical en la cual los dueños de los medios gráficos pueden acceder a la adquisición de señales radiofónicas y que empresas de diversas áreas pertenezcan a un mismo grupo o multimedio.
De esta manera no es difícil imaginarse el poder que acarrean estos grandes medios. Tampoco es difícil llegar a la conclusión de que tamaños grupos económicos encargados de manejar los medios de comunicación masiva, y por ende la información que éstos difunden, tienen un gran poder para influenciar política y socialmente a quienes consumen sus productos.
El discurso imperante sostenía que la “privatización de los medios garantizaría la pluralidad informativa y la libertad de expresión”. Esta postura no sonaba tan descabellada en tanto que privatizar los medios implicaba que los mismos ya no estén a cargo del Estado sino del sector privado. Ahora bien, jamás se podría hablar de pluralidad cuando se permite a una persona o grupo ser titular de hasta 24 licencias de servicios abiertos. Es decir, que esta modificación sólo conllevó el paso de un oligopolio en manos del Estado a un oligopolio en manos privadas.
Es posible conjeturar entonces, que con estas medidas se perseguía el decrecimiento de la pluralidad informativa, lo que implica consecuentemente desconocimiento, desinformación y menor posibilidad de elección. No parece ser más que una mera táctica mediante la cual comercializar contenidos culturales e ideológicos, durante un período que posteriormente se daría a conocer como uno de los más corruptos de la historia argentina.
En los últimos meses la polémica ha girado en torno al Proyecto de Ley presentado por el oficialismo, el cual presenta puntos muy importantes que podrían llegar a derribar a los “Goliat” de la información. Sin embargo, hay quienes no comparten la idea de reformar la ley vigente. Quizá esta postura también esté íntimamente ligada a la mirada impuesta por los multimedios -que resultarían perjudicados por la misma- a la opinión pública.Entre las medidas más destacables de este proyecto se halla la prohibición de la formación de oligopolios y monopolios, promoviendo el pluralismo del espectro y de los servicios de Comunicación Audiovisual; la promoción de la polifonía de informaciones y opiniones; la posibilidad de acceder solamente a 10 licencias de servicios abiertos; el desarrollo de un régimen de transparencia de titularidad de propiedad de las licencias; la adopción de medidas para la desconcentración de la explotación monopólica de derechos de exhibición; y la restricción de la propiedad conjunta de licencias de TV y empresas productoras de señales de contenido.
En resumen, se puede afirmar que la concentración de los medios de comunicación masiva en unas pocas manos conformadas por numerosas empresas de diversa índole atenta contra la pluralidad informativa, interviniendo en la construcción de agendas políticas y sociales e influyendo en la opinión publica a través de la desinformación y de la escasez de oferta informativa. Es por este motivo que resulta menester realizar una reforma en la legislación concerniente a la radiodifusión argentina.
Caí de casualidad acá pero me gusta. Coincido con lo del monopolio y la necesidad de equilibrarlo, pero el problema o lo criticable del gobierno es la utilización de la ley sólo porque Clarín ahora no es gentil con la administración y los 6 años anteriores no se hizo nada. Se tendría que legislar más allá de Clarín y del gobierno en funciones, pero en este país es pedir demasiado. Cuántas reformas constitucionales se hicieron a nivel nacional y provincial? Acaso alguna vez se hizo una que no tuviera como objetivo la reelección de quién la impulsa? Por último me parece que estás muy buena.
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